Demandan a ICE para que no oculte la ubicación de detenidos con órdenes de deportación

¿Qué cambió en el localizador de detenidos de ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiró de su sistema en línea a los detenidos con órdenes finales de expulsión. Además, instruyó a su personal a no revelar dónde se encuentran. Según la demanda, la medida se adoptó de forma repentina el mes pasado para acelerar las deportaciones.

Hasta el mes pasado, el cambio afectaba a más de 16,000 de los cerca de 69,000 detenidos bajo custodia de ICE. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han confirmado públicamente la medida, aunque sí han dicho que dan prioridad a la deportación de esas personas.

Abogados y familias no pueden localizar a sus clientes

La demanda la presentaron cuatro organizaciones que dan servicios legales a inmigrantes, entre ellas Greater Boston Legal Services. Su directora ejecutiva, Jacquelynne Bowman, sostiene que nadie debería perder la oportunidad de defender sus derechos porque el gobierno impide que su abogado lo encuentre.

Según la demanda, al llamar a ICE, incluida su Línea de Información sobre Detención y Expulsión, los abogados encuentran esperas largas, llamadas cortadas y falta de respuesta. Algunos han intentado usar un programa de llamadas legales, pero solo una pequeña parte de los centros de detención lo utiliza.

Las organizaciones afirman que esto ha causado retrasos y plazos perdidos para presentar documentos, y que algunos abogados aceptan menos casos.

Qué responden ICE y el DHS

Las agencias niegan que estén haciendo desaparecer a los detenidos. Dicen que los detenidos pueden hacer llamadas telefónicas y comunicarse con sus familias y abogados. El DHS añadió que el procedimiento para una persona con orden final de deportación es su expulsión.

Las agencias también señalan que enfrentan un número histórico de órdenes judiciales que bloquean sus acciones.

Qué puede pasar con la demanda contra ICE

La demanda pide a un juez federal en Boston que bloquee el cambio. Sostiene que viola la Ley de Procedimiento Administrativo, porque se adoptó sin ninguna justificación, y la Primera Enmienda, que protege el derecho de los abogados a asesorar a las personas.

Los detenidos con órdenes finales aún pueden pedir la reapertura de su caso, buscar alternativas como un traslado a terceros países o denunciar la violación de sus derechos. Jueces federales han ordenado en miles de casos su liberación o audiencias para fijar fianza.